Campaña: Garzón y juristas pedirán a Rajoy que cumpla las resoluciones de la ONU

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  • Olvidadas por el gobierno, la justicia y las instituciones del estado, las victimas del franquismo han recibido el respaldo de la ONU.
  • España accede al Consejo de Seguridad mientras incumple sus obligaciones.
  • Los juristas pedirán al presidente del gobierno Mariano Rajoy que España y la justicia cumplan con la legalidad internacional y las resoluciones de la ONU.

Acto de Juristas

RUEDA DE PRENSA

Un numeroso grupo de juristas encabezados por Baltasar Garzón, Federico Mayor Zaragoza, José Antonio Martín Pallín, Joaquín Bosch, Cristina Almeida, Joan Garcés, Ana Messuti y Carlos Slepoy pedirán al presidente del gobierno Mariano Rajoy, a las instituciones del Estado y a la justicia el cumplimiento de las resoluciones de la ONU y la legalidad internacional sobre derechos humanos para con las víctimas de los crímenes del franquismo.

Será el primer acto de una campaña que va a poner en marcha la Plataforma por la Comisión de la Verdad para movilizar a la opinión pública, a las instituciones y a los ciudadanos para que España cumpla con las víctimas.

Campaña 

      Rueda de prensa

 La Plataforma por la Comisión de la Verdad sobre los crímenes del franquismo y abogados, jueces y fiscales por el cumplimiento de las resoluciones de la ONU. 

Fecha: Sábado 18 de octubre 

Hora:  11:00 horas

Lugar: Ateneo de Madrid 

c/ Prado  nº 21

Contactocomisionverdadfranquismo@gmail.com

Participan: Baltasar Garzón, Federico Mayor Zaragoza, José Antonio Martín Pallín, Cristina Almeida, Joaquín Bosch, Carlos Slepoy y Joan Garcés junto a víctimas representantes de la Plataforma. 

En el acto se analizarán los informes emitidos en los últimos meses por el Comité sobre desapariciones Forzadas, el Relator especial para el derecho a la verdad, justicia y reparación, y el Grupo de trabajo sobre desapariciones forzadas de la ONU que respaldan las reivindicaciones de las víctimas del franquismo y que denuncian los reiterados incumplimientos de sus obligaciones legales e internacionales por parte de la justicia, el gobierno y las instituciones del estado español.

La ONU ha denunciado que España ha dejado en el más absoluto desamparo a decenas de miles de víctimas de los crímenes del franquismo. Niños robados, víctimas de desaparición forzosa, decenas de miles de asesinados que todavía están en las 2.380 fosas comunes que hay repartidas por toda la geografía española.

Todos esos crímenes de lesa humanidad y contra los derechos humanos cometidos por la dictadura siguen sin ser resueltos por la democracia española.

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Acto en el Ateneo, 19 de enero de 2014 “Declaración al Relator de la ONU”

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Madrid, 19 de enero 2013

 

Esta semana recibimos la visita de Pablo Greiff, Relator especial de Naciones Unidas para la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición. Una vez más, tenemos que levantar la voz para denunciar que en España no se cumple ninguno de los principios y directrices que rigen la actuación de este organismo de la ONU.
 En nombre de la Plataforma por la Comisión de la Verdad, que representa a más de cien asociaciones de familiares de víctimas del franquismo y de la memoria histórica, volveremos a denunciar una vez más la situación de indefensión y el desamparo institucional, jurídico y político que todavía sufren decenas de miles de víctimas del franquismo y sus familiares.
 Hablamos en nombre de las más de 150.000 personas víctimas de desapariciones forzadas, cuyos familiares siguen esperando un reconocimiento como tales y una solución por parte del Estado democrático. Hablamos en nombre de las miles de víctimas anónimas sin voz sepultadas en las 2.000 fosas comunes desperdigadas por la geografía española que no han sido exhumadas y de las decenas de  miles de casos de niños robados durante la dictadura. Todos ellos forman parte de un conjunto de delitos cometidos bajo el franquismo que son imprescriptibles.
 
España sigue siendo una excepción en la Europa democrática. Hoy, 77 años después del golpe militar y 36 años después de la restauración de la democracia, ni la justicia, ni las instituciones han dado pasos significativos para cumplir con la legislación internacional y con el respeto debido a los derechos humanos y a las víctimas.
 Es más, se ha retrocedido de manera injustificada, dejando sin efecto y sin presupuesto la ley de memoria histórica que por primera vez abordaba este problema, aunque de manera insuficiente. 
 Todo esto provoca un enorme sufrimiento a los familiares de las víctimas y un innecesario dolor que ya se prolonga varias décadas.
 Esta situación intolerable ha sido puesta de manifiesto por el Grupo de trabajo de la ONU sobre desapariciones forzadas e involuntarias (GTDFI) en su informe preliminar sobre España, después de la visita a nuestro país y de entrevistarse con responsables del gobierno, de la sociedad civil y de las víctimas y asociaciones de memoria. Y en el mismo sentido se ha manifestado el Comité de desapariciones forzadas de la ONU en sus conclusiones sobre el cumplimiento que España hace de la Convención Internacional.
 Estos informes advierten de la situación de desprotección de las víctimas y de la obligación que tiene el Estado español de abordar esta situación de acuerdo con la legislación internacional sobre derechos humanos.
 
Creemos que esas recomendaciones, respaldadas por la autoridad política y moral que representa Naciones Unidas, son un buen punto de partida para establecer un acuerdo político y social, un verdadero pacto de Estado que aborde una solución definitiva para las víctimas y los crímenes del franquismo que la democracia no ha sabido resolver hasta ahora.
 Hace un mes nos dirigimos al presidente de gobierno, Mariano Rajoy, para solicitarle una entrevista que todavía no ha tenido ninguna respuesta.
En la carta que le dirigimos, pedíamos una solución en el marco de los principios de la ONU y que pusiera en marcha las medidas necesarias para impulsar un gran acuerdo nacional que concluya en la constitución de una Comisión de la Verdad que emane de las Cortes. Una solución adoptada por más de cuarenta países de todo el mundo que, como nosotros, han sufrido dictaduras, violaciones masivas de los derechos humanos y crímenes contra la humanidad.
 No sería comprensible que el Estado, el Gobierno y las instituciones dieran la espalda a esta tragedia que afecta a cientos de miles de víctimas, y los crímenes del franquismo se escondieran definitivamente en el cajón del olvido. Sería igualmente injustificable que el Estado no estableciera los mecanismos necesarios para que se cumplan las recomendaciones de la ONU.
 Hay que recordar que la democracia tiene pendiente una deuda con las víctimas del franquismo que aportaron su dolor, su sacrificio y su silencio para hacer posible la instauración de la democracia.
 Sin embargo, miles de familias siguen sin ser reconocidas como víctimas del franquismo y no sabemos si el gobierno las incluirá en el nuevo proyecto de Ley orgánica del estatuto de la víctima del delito. 
 Sería trágico y contrario al espíritu de la transición -y atenta contra la democracia- que se institucionalizaran dos categorías de víctimas en España: unas con todos los derechos y el reconocimiento que merecen y otras abandonadas a su suerte y sin ningún derecho.
 La visita del Relator de la ONU nos permite reivindicar y exigir que el gobierno de Mariano Rajoy  se comprometa a cumplir los principios, las resoluciones y los acuerdos internacionales en materia de derechos humanos y, como proclama el relator de la ONU, en España sean posibles la verdad, la justicia y la reparación para que se den las garantías de no repetición.
 
 
Plataforma Comisión de la Verdad
     comisionverdadfranquismo@gmail.com    
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